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Indígenas de la comunidad San Luis de Morichal han denunciado el asesinato de al menos dos de sus hermanos pemones, a manos de grupos armados autodenominados “sindicatos”, dedicados a la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Pueblos indígenas de Gran Sabana se solidarizaron con sus hermanos ante la creciente violencia minera que amenaza sus territorios que, en teoría, están protegidos por la Constitución nacional.

¿Habrá justicia en la nueva masacre que estremeció el estado Bolívar durante el inicio del Carnaval? Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, no se aventura a sentenciarlo aún: opta en todo caso por el beneficio de la duda para el Estado. Lo que sí asevera es que ese mismo Estado abonó un terreno de violencia y de impunidad para que ese tipo de hechos sean ya frecuentes.

Trascendió que en el operativo se incautaron cuatro FAL, un fusil R-15, dos granadas, siete pistolas, tres revólveres y una escopeta. Todos los cadáveres presentan heridas por armas de fuego y aún no están identificados. Se trata de una nueva matanza que tiene su origen en la anarquía minera al sur del estado Bolívar por el control de los yacimientos, que hoy son reclamados por el Estado para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco.

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