Este 28 de noviembre se conmemoró el Día Latinoamericano de la Hipertensión Pulmonar, una enfermedad poco común de la que Venezuela no escapa.

Hablar de hipertensión arterial es común, pero pocos conocen la existencia de la hipertensión pulmonar, enfermedad de la que no escapan venezolanos en esta crisis humanitaria compleja. Es una enfermedad de alto costo. Los medicamentos no se consiguen y los pacientes deben buscarlos fuera del país, bien sea comprados o por donaciones.

“¿Cómo se vive en Venezuela con una enfermedad rara poco frecuente? Cada persona está librando su batalla para subsistir en un país sin acceso a medicina, alimentos, electricidad, agua y combustible, y la separación de su seres queridos que han tenido que emigrar para obtener calidad de vida”, señala Katiuska Salinas, presidenta de la Fundación Grupo de Apoyo A Todo Pulmón.

La hipertensión arterial pulmonar, enfermedad catalogada como rara por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que precisa que existen cerca de 7 mil enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial, y dentro de esta cifra se incluyen a las personas con hipertensión pulmonar en Venezuela.

“Quienes padecemos esta enfermedad tenemos la obligación de consumir medicamentos de alto costo, valorados en precios que oscilan entre los mil y 10 mil dólares, los cuales no podemos adquirir debido al avance galopante de una hiperinflación que asfixia la economía nacional. Esta situación nos impide llevar una vida digna, ya que desde marzo 2019 no recibimos el medicamento genérico alopático Bontass 125 mg, cuyo principio activo es el Bosentan; dicho tratamiento es para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio en pacientes de clase funcional III de la OMS”, explicó Salinas.

Agregó que tampoco reciben el medicamento Ventavis 10 mcg/mL, principio activo iloprost, el cual sirve para para mejorar los síntomas hemodinámicos de la hipertensión pulmonar.

Recordó que la Constitución consagra en su artículo 83 que: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”.

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