La ONU informó que investigará el caso de Fernando Albán, del que la dirigencia opositora se ha referido como asesinato. La UE solicitó una investigación exhaustiva y la Cooperación de España convocó al embajador de Venezuela en el Reino de España para solicitar información sobre el fallecimiento del concejal.

Este martes fueron velados en capilla ardiente en el Palacio Federal Legislativo los restos del concejal de Primero Justicia Fernando Albán, quien fue trasladado luego a la parroquia de la UCV, para este miércoles ser enterrado en el Cementerio del Este. Ediles, diputados, sus familiares y los de los presos políticos, descartan las versiones contradictorias que dieron Tareck William Saab y Néstor Reverol sobre un suicidio. 

Según el acta de defunción entregada en la morgue de Bello Monte, Albán falleció por traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismo toracopulmonar cerrado por caída de altura. La autopsia se habría realizado en presencia de cuatro fiscales. 

El abogado de Albán, Joel García, informó que habían sugerido que el cuerpo del edil fuese cremado. Sin embargo, precisamente por las dudosas circunstancias de su muerte, su familia se niega a una cremación. 

No solo la dirigencia opositora venezolana duda de la tesis del suicidio. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, informó que investigará las circunstancias en las que falleció el concejal Fernando Albán, por lo que pidió a Venezuela el acceso al país, solicitud por la que aún espera respuesta. 

Asimismo, la ONU solicitó la liberación de 59 ciudadanos colombianos que han estado recluidos sin cargos en Venezuela durante más de dos años. 

Responsabilidad del Estado 

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, también solicitó a Venezuela una investigación rigurosa e independiente sobre la muerte de Albán. 

“Es el deber del Estado garantizar la seguridad e integridad física de todas las personas en custodia, así que ahora esperamos una investigación rigurosa e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte”, indicó en un comunicado. 

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Corker, se pronunció en su cuenta de Twitter @SenBobCorker sobre la muerte de Albán, y aseveró: “Esto es inquietante y el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos comprendan cómo pudo haber sucedido”. 

Albán fue detenido el pasado viernes 5 de octubre en Maiquetía cuando regresaba de Nueva York. El edil fue acusado de participar en el presunto atentado contra Nicolás Maduro. La tarde del lunes, el fiscal designado por la asamblea constituyente Tareck William Saab informó sobre el fallecimiento del concejal, quien -señaló- solicitó permiso para ir al baño y luego se lanzó al vacío desde el piso 10 de las instalaciones del Sebin en Plaza Venezuela. 

No obstante, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó en Twitter que Albán estaba en sala de espera en el Sebin para ser trasladado a tribunales, cuando cometió el presunto suicidio. 

 
Los restos de Fernando Albán fueron velados en capilla ardiente en el Palacio Federal Legislativo
 


La opacidad, versiones que no concuerdan y una serie de interrogantes, entre ellas ¿por qué no estaba custodiado?, ¿en qué momento se dio el hecho?, ¿por qué estaba en el piso 10?, entre otras tantas preguntas aumentan las sospechas que hacen afirmar y denunciar la oposición y la opinión pública sobre un homicidio a consecuencia de las torturas a las que son sometidos los presos políticos. 

La ONG Acceso a la Justicia recuerda que artículo 43 de la Constitución establece que “el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. 

“La muerte del concejal Fernando Albán es un crimen de Estado. Es la consecuencia directa del ascenso del terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Nicolás Maduro que de forma sistemática y generalizada, persigue, encarcela y tortura a centenares de opositores políticos con el firme objetivo de generar terror en la población y consolidar los mecanismos de control social y político”, denunció la ONG Provea. 

Agregó que “las circunstancias que rodean los hechos, recuerdan el asesinato por torturas del dirigente político Fabricio Ojeda en 1966 a manos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada (SIFA), y del también dirigente de izquierda Jorge Rodríguez (padre) en 1976, por la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Ambos casos fueron presentados ante la opinión pública como suicidios y posteriormente se demostró que fallecieron a consecuencia de las torturas recibidas”. 

Persecución del régimen 

Familiares de presos políticos, entre ellos Yamilé Saleh, madre de Lorent Saleh, manifestó su preocupación por su hijo que lleva más de cuatro años detenido, al tiempo que exigió el cierre de La Tumba, cárcel donde hace menos de una semana, parientes del general Isaías Baduel -que solicitan una fe de ida- denunciaron tener información de la existencia de un fallecido en el lugar. 

Suicidio u homicidio, la realidad es que el concejal Fernando Albán estaba bajo custodio del Estado, quien es responsable por acción u omisión de su muerte. 

“Las muertes ocurridas bajo la custodia del Estado, son exclusiva responsabilidad del Estado, y en tal sentido, los funcionarios responsables de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, tienen que responder civil, administrativa y penalmente por las acciones u omisiones que conduzcan al fallecimiento de los custodiados”, puntualizó Provea. 

Las detenciones arbitrarias por parte del Estado y las desapariciones forzosas, hacen recordar también el caso de la doctora Maryori Medina, médico neumonólogo que fue apresada la noche del 6 de octubre luego de ser allanada su vivienda en Puerto Ordaz. 

La aprehensión fue hecha por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el domingo fue trasladada a Caracas sin que nadie tuviese acceso a ella, tampoco se ha llevado a cabo su audiencia por lo que se desconoce el motivo de su arresto.