Entre los cinco imputados en la investigación hay un operador “aparentemente relacionado con autoridades de aquel país”, dijo Israel Lira, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Las autoridades mexicanas desmantelaron una red de empresas y personas que supuestamente vendían alimentos de baja calidad y con sobreprecios del 112 por ciento a Venezuela a través de un programa gubernamental venezolano, informó este viernes la Fiscalía general mexicana.

Entre los cinco imputados en la investigación hay un operador “aparentemente relacionado con autoridades de aquel país”, dijo Israel Lira, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

México es uno de los integrantes del Grupo de Lima, que se creó el año pasado y está formado por 12 países críticos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Lira informó que la red fue desmantelada a partir de una solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda, en una investigación con ramificaciones en otros países, entre ellos Colombia.

Como sanción, se llegó a un acuerdo reparatorio con los imputados, que entregarán tres millones de dólares a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para América Latina y el Caribe para acciones humanitarias.

Lira afirmó que la red obtenía recursos públicos de Venezuela para el programa de CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, que fue creado en 2016 por el Gobierno de Venezuela para la distribución de alimentos prioritarios.

“De acuerdo con la investigación este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, afirmó Lira.

Según la Seido, el negocio consistía en adquirir productos alimentarios de baja calidad, exportarlos a Venezuela y venderlos a la población venezolana a un precio superior al real.

En bodegas se encontraron 1,8 millones de despensas, pero se permitirá que lleguen a sus destinatarios debido a que tienen fecha próxima de caducidad, señaló el funcionario. “De lo contrario se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación”, señaló.

La averiguación comenzó después de que se detectaran operaciones inusuales en las empresas involucradas, dedicadas a la compra de alimentos básicos.

Como parte del acuerdo de reparación, los imputados “se comprometen a no hacer actos comerciales con Venezuela o terceros que estén relacionados con envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas” en los CLAP.

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