Consejo de Caciques del pueblo pemón denuncia que el Gobierno les aplicó una “emboscada política” con el fin de incursionar militarmente en territorio indígena bajo la excusa de acabar con la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

A través de un comunicado difundido en la página del Consejo de Caciques Generales del pueblo Pemón, los capitanes informaron de un atentado al cacique general de Ikabarú, Juan Gabriel González, uno de los ocho líderes que conforman esa jurisdicción indígena.

Por el hecho, del cual no precisaron detalles, cuatro hombres fueron detenidos en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Ikabarú, en el municipio Gran Sabana, pese a que la jurisdicción indígena ha solicitado que se les otorgue la investigación y tutela de los detenidos.

En el pronunciamiento, califican la situación como grave y aseguran que se trata de “actos terroristas sistemáticos” contra los líderes del Consejo de Caciques Generales del pueblo Pemón con la intención de intimidar.

“Somos conscientes de que las autoridades del Consejo de Caciques Generales del pueblo Pemón estamos tocando intereses poderosos de grupos mafiosos quienes, con el fin de intimidar a las autoridades indígenas, han comenzado a utilizar estos métodos delincuenciales; ante esta situación nos declaramos en alerta permanente y tomar las acciones contundentes que tengamos que tomar”, advierten.

Ikabarú es uno de los ocho sectores que conforman el pueblo pemón. Ha sido históricamente territorio minero de Gran Sabana, conocido – entre otros hechos – por el desarme de 45 soldados de la Fuerza Armada Nacional en 2012, y el único sector de Gran Sabana al cual el Estado le ha otorgado título de propiedad colectiva en el marco del Arco Minero del Orinoco, cumpliendo, en teoría, con el decreto de demarcación indígena.

Tanto en Ikabarú, como en todo el municipio Gran Sabana, funciona la Guardia Territorial Pemón, uno de los grupos de autodefensas constituidos por los indígenas al sur de Venezuela de manera autónoma bajo la consigna de preservar los territorios ancestrales.

A la comunidad, sin embargo, no le parece un hecho aislado, pues el pasado 26 de septiembre de 2018 fue asesinado José Vásquez, comandante de la Guardia Territorial Pemón en la comunidad de Turasen, también en Gran Sabana.

El Consejo de Caciques confirmó que se trató de un homicidio y el exalcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, responsabilizó al Gobierno del asesinato. Por redes sociales, circuló un audio que atribuyen a Vásquez donde se oponía a que la Guardia Territorial Pemón sirviera de intermediaria con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) en la recolección del oro minado en algunos territorios indígenas.

Luego de los interrogatorios de las autoridades indígenas, la autopsia, la participación del Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), se acusó de homicidio agravado intencional a Edward Frederick Curuma, un exfuncionario criollo de la Fuerza Armada Nacional que fungía como escolta.

Tras las reiteradas denuncias de minería en el Parque Nacional Canaima, el Gobierno activó el operativo militar Tepuy Protector / FOTO @ceofanb

 

Emboscada “política” e incursión militar

Este viernes, además, el Consejo de Caciques denunció “la emboscada política” emprendida por las instituciones del gobierno nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una mesa de trabajo instalada en Canaima esta semana con el fin de atender la minería en el Parque Nacional.

El pasado 15 de octubre, a partir de un video difundido por la periodista Valentina Quintero se hizo pública, una vez más, la denuncia de minería en el Parque Nacional Canaima, específicamente en el río Carrao, uno de los principales afluentes del río Caroní, con el distintivo de ser alimentado por el Salto Ángel.

A partir de esa denuncia, el Gobierno propició una reunión y activó el operativo militar Tepuy Protector. Aunque el Consejo de Caciques acompañó el encuentro en Canaima, y tomó nota de la decisión de desalojar la minería del río Carrao “siempre y cuando se le atiendan las demandas sociales y económicas de la comunidad”, este sábado se desmarcó de que la incursión militar se extienda a todo el parque sin que hayan acuerdos previos con el pueblo pemón.

El comunicado refiere que el Plan Tepuy Protector es una argucia de instituciones militares y grupos armados para opacar “la lucha del pueblo pemón con la excusa de la eliminación de la minería en el Parque Nacional Canaima”.

La desconfianza es alimentada por los antecedentes de militares ejerciendo minería tanto en Alto Caura, como en Gran Sabana y en Canaima, así como su vinculación en el suministro de gasolina.

Ante esa exposición, señalan que el Consejo de Caciques no firmó ningún acuerdo de la eliminación de la minería en todo el Parque Nacional Canaima, sino que solo se acompañó a la comunidad de Canaima que llegó a acuerdos puntuales.

Exigen que el operativo militar Tepuy Protector se implemente solo en el río Carrao, “por los que los otros sectores serán abordados en planificación con el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón a partir del 29 de octubre de 2018”. Además, plantean la revisión de la crisis económica revisando los proyectos de desarrollo productivo en áreas de turismo, agrícolas, comercio y transporte. 

Tanto en el Parque Nacional Canaima, como en los municipios mineros, el gobierno ha ensayado más de cinco planes militares para reordenar la minería, sin ningún éxito. El último de ellos, el Arco Minero del Orinoco, es un giro en el discurso del Ejecutivo que hasta 2015 se había opuesto a la explotación minera masiva.

Template by JoomlaShine