Viernes, 15 Enero 2016 00:00

Indígenas de Canaima y Kamarata detienen extracción de oro para evaluar sustentos menos dañinos del ambiente

 
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Más de 20 grupos mineros indígenas practican la actividad como sustento económico, impactando negativamente al ambiente Más de 20 grupos mineros indígenas practican la actividad como sustento económico, impactando negativamente al ambiente Valentina Quintero/Archivo
 

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Capitanes indígenas de las comunidades de Canaima y Kamarata, en el sector occidental del Parque Nacional Canaima al sur de Venezuela, estiman que fue alrededor de 2010 cuando una intensa necesidad económica los llevó a explorar sus castas tierras y a cavar en busca de oro para sobrevivir.

Era una actividad, prácticamente prohibida para las comunidades indígenas, pues los ancianos la relacionaban con la aparición de enfermedades. Pero más allá, kilómetros al norte, la actividad –ilegal en la mayoría de sus frentes- crecía anárquica en cada bulla.

Los indígenas se organizaron, muchos se sumaron y en la actualidad, 20% de la población de las 18 comunidades de este sector practican a diario la extracción de oro, de acuerdo con Roberto Simon, capitán de Canaima, quien explicó que la ayuda del Gobierno a través de programas sociales de alimentación, salud, vivienda y educación, contribuiría a minimizar la actividad minera.

El 18 de diciembre de 2015, los capitanes generales acordaron con alrededor de 20 pequeños gremios mineros, detener por completo la extracción de oro hasta el 12 de abril de 2016 en una especie de tregua con la que buscan manifestar a las autoridades gubernamentales la necesidad de ofrecer alternativas económicas a la minería, acompañadas de soporte social.

“Llegamos al acuerdo con los dueños de las máquinas. Es como una tregua con la intención de que nos apoyen para erradicar la minería, porque el Gobierno nos tiene que solucionar este problema. Su ayuda sería para minimizar el alto costo de la vida y solo así la actividad minera sería minoritaria(…) Eso está en las manos del Gobierno, porque ni yo ni los militares van a poder solucionar eso”, dijo Simon.

“Aspiramos tener alguna respuesta del Estado”, enfatizó, al precisar que entre Canaima y Kamarata habitan alrededor de 8 mil habitantes, de los cuales más de mil son mineros. “La mayoría son de Canaima y Kamarata. Son 20 grupos mineros”.

El capitán de Kamarata, Víctor Abati, comentó que la propuesta es cambiar la actividad minera por una actividad productiva “con ayuda del Estado, porque esto es Parque Nacional. Necesitamos que el mismo Estado nos dé la alternativa (…) La capitanía general va a entregar todos los oficios a todas las instituciones porque tenemos que impulsar el turismo con la ayuda del Estado, porque la necesidad está por el medio”.

Ya en junio de 2015, las comunidades exigieron acciones para erradicar la minería, a la que –admiten- se han sumado por necesidad.

William Chung, guía turístico local y residente, comentó en esa ocasión que la ausencia de empleo estimulaba el crecimiento de la minería. “Muchos al no ver trabajo se van a las minas, y hay muchas personas de aquí que están en eso porque el dinero no da y no hay el trabajo de antes. Todo está caro, hay problemas con la gasolina, con la comida y así un montón de factores que contribuyen a que estemos así”.

Paro docente sin solución

En tanto, el paro docente en las escuelas ubicadas en las comunidades de Canaima, Kamarata, Urimán y Wonkén se mantiene inalterable, pues no han recibido respuestas.

El jueves, estaba prevista una reunión con la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, en Canaima desde donde partiría a Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, pero el encuentro fue suspendido sin reprogramación hasta ahora.

Representantes del despacho de Pueblos Indígenas, sin embargo, se reunieron con capitanes indígenas en Santa Elena de Uairén, pero la delegación indígena de Canaima y Kamarata no pudo asistir, pues no contaban con recursos para cubrir el alto costo de los pasajes desde esa zona hasta la capital del municipio, fronterizo con Brasil.

“Nos quedamos con los crespos hechos y no pudimos ir a Santa Elena porque no tenemos presupuesto para viajar, son 120 mil bolívares ida y vuelta. Pensamos ir a Caracas la próxima semana para presentar la problemática”, puntualizó Abati.

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